Redacción. Palma de Mallorca
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Vicenç Thomàs, ha tildado la actuación del Govern respecto al aborto de "irresponsable" y de "vulnerar la Constitución" ya que desemboca en el "abandono" de las mujeres "más necesitadas", al tiempo que ha anunciado que están estudiando la presentación de un recurso contencioso administrativo por la vulneración de los derechos fundamentales de la mujer ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Thomàs en rueda de prensa.

Desde la formación ya habían calificado, el pasado viernes, de "indecente" la decisión del IB-Salut de que las mujeres que vayan a abortar en clínicas privadas tengan que adelantar el pago de la intervención hasta que el servicio público se lo reembolse.

En rueda de prensa, Thomàs ha asegurado que presentarán escritos de valoración al Defensor del Pueblo, al Instituto Balear de la Mujer y a la Conselleria de Salud pidiendo la reconsideración de esta medida.

Para el portavoz, se ha eliminado el "vínculo jurídico entre la administración y las entidades privadas" quedando las mujeres desprotegidas debido a que "no se garantizan sus derechos y se vulnera la ley que regula la interrupción del embarazo, el real decreto y la Constitución".

Además, ha añadido que "no queda claro qué pasará con las mujeres que tengan que enfrentarse a una maternidad no deseada o a asumir prácticas sanitarias fuera de los circuitos correctos, ya sea en centros públicos o privados".

Thomàs ha anunciado que pedirán una reunión extraordinaria de la diputación permanente del Parlament para que se convoque un pleno extraordinario en el que el Grupo Socialista presentará una proposición no de ley sobre este asunto, la cual ya fue anunciada el pasado 5 de diciembre.

La proposición recogería varios puntos entre los que pide que el Govern reconozca la maternidad libremente decidida y que se respete la decisión; la elaboración de un plan educativo afectivo sexual y reproductivo y el acceso universal a las prácticas de planificación de reproducción.

También incluye la petición de que los abortos se realicen con información previa al consentimiento y que se realicen en un marco de seguridad jurídica, tanto para la mujer como para el profesional.

Además, la proposición no de ley busca garantizar el acceso a la prestación de la interrupción del embarazo en Baleares y que se expongan las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria, así como que se establezca que si los servicios de salud no pueden realizar la prestación en las redes públicas, se realice en centro privados concertados.